Se allana el camino a la financiación de las comunidades de propietarios para obras en sus edificios. El reciente Real Decreto-ley (RD) aprobado de medidas de apoyo a los hipotecados también reconoce, en su artículo 20, la capacidad jurídica de estas comunidades para la realización de todas las operaciones relacionadas con la rehabilitación, incluidas las crediticias. Es decir, desde el pasado 1 de julio, basta con la firma del presidente para acceder a préstamos para estos fines y no del 100% de los dueños de los pisos. Un «primer e importante paso», según administradores de fincas y fuentes judiciales, hacia su reconocimiento pleno como persona jurídica -«una histórica reivindicación»-.
Desde la fecha señalada, una entidad financiera no puede dar ya directamente con la puerta en las narices al presidente de la comunidad alegando necesitar la firma de todos los comuneros para la obtención de un crédito. El Ejecutivo, dentro de su estrategia por impulsar la rehabilitación, ha dotado de capacidad jurídica a estos representantes para que estos, con el visto bueno previo de la junta de propietarios, puedan solicitar individualmente el respaldo económico necesario para ejecutar las obras de mejora en sus inmuebles. Eso sí, sólo y exclusivamente para estas actuaciones.
En la misma dirección que Magro apunta Ildelfonso Martín, gerente del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAF Madrid), que recuerda que, desde 2005, una de las propuestas de reforma de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) de su organismo ha sido la dotación de personalidad jurídica plena a las comunidades de propietarios. «Aunque sólo se les reconoce personalidad jurídica para solicitar créditos con el fin de acometer obras de conservación o rehabilitación, se abre el camino para que un día tengan plena capacidad jurídica para todas las actividades que conlleva el funcionamiento de una comunidad de propietarios», afirma Martín.«Por fin, y ya era hora, se da respuesta a una vieja reivindicación en el derecho inmobiliario de las comunidades: la cobertura jurídica para suscribir préstamos con los que poder afrontar el pago de las obras de rehabilitación, a las que, por otro lado, estaban obligadas por ley», afirma Vicente Magro, presidente de la Audiencia Provincial de Alicante y doctor en Derecho. Este experto aplaude tal medida y ve en ella una vía idónea para cumplir la ley de conservación de edificios: «En plena crisis,pagar en efectivo las derramas es más que complicado. Así, se facilita la firma de créditos para pagar unas cuotas mucho más cómodas».
Desde el CAF Madrid se indica que esta nueva normativa se traducirá en una muy importante agilización a la hora de solicitar créditos. «Ya no tendrán que ir todos los propietarios a firmar el préstamo a la entidad, algo que es sumamente farragoso y complicado, sino que podrá acudir únicamente el presidente como representante legal de la comunidad», dice Martín. Éste avisa además de que ahora «sólo queda que estas entidades reconozcan la personalidad jurídica de las comunidadesy abran sus líneas de crédito como dice el RD».
Magro, que califica de «tremendo acierto» y de «caballo de batalla» la iniciativa, aboga por extenderla a cualquier actuación de las comunidades de propietarios y no sólo a la obtención de financiación para obras de rehabilitación. «El hecho de no poder actuar como personas jurídicas interfiere negativamente en todos los circuitos de la vida comunitaria y es un lastre y una lacra para su gestión», denuncia, al tiempo que señala que en España existen 15.000 administradores de fincas y 11 millones de viviendas en régimen de propiedad horizontal.Ante esta advertencia, el gerente del CAF Madrid exige al Gobierno ir más allá y critica la «densidad» del contenido de la normativa aprobada. «Estas nuevas medidas de impulso a la rehabilitación deberían introducirse en la actual LPH, que es la norma que rige el funcionamiento de las comunidades de propietarios», recuerda.