Las comunidades de propietarios de la Comunitat Valenciana adeudan a los administradores de fincas 2.000 millones de euros del año 2011 debido a la crisis económica, según ha afirmado hoy el presidente del Colegio Territorial de estos profesionales de Valencia y Castellón, José Vázquez.
Medio millar de profesionales de toda España se dan cita desde hoy y hasta el próximo sábado en el Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia, que acoge el decimoséptimo Congreso Nacional de Administradores de Fincas, a la que ha asistido el presidente de Les Corts Valencianes, Juan Cotino.
En la Comunitat, según ha concretado Vázquez, los administradores gestionan unos 18.000 millones de euros anuales.
Respecto a la necesidad de que los edificios pasen una Inspección Técnica (ITE), Vázquez ha apuntado que en la Comunitat el 74% de los inmuebles de más de 50 años no pasaría esa inspección.
La Generalitat, según ha indicado, tiene ya muy avanzado un reglamento en el que se establecería la obligatoriedad de que las fincas pasaran esa ITE.
Por su parte, el presidente del Consejo General de Administradores de Fincas de España, Miguel Ángel Muñoz Flores, ha declarado que la crisis ha provocado la morosidad del 22 por ciento de las comunidades de propietarios en los últimos dos años.
Ese aumento no tiene en cuenta a los que ha calificado de «morosos profesionales», que en su opinión han existido siempre.
Pero ahora, ha señalado, la situación de los morosos es la de familias que han perdido el trabajo, que han bajado sus ingresos, que no reciben subvenciones públicas y que le ha llevado a depender de su familia o de los servicios sociales.
Muñoz Flores ha reclamado la colegiación de los profesionales de este sector y ha añadido que si el Gobierno legisla en sentido contrario «cometerá un error».
En ese sentido ha hecho hincapié en que el administrador de fincas, de quien ha resaltado su carácter de «profesional» de la materia, tiene un trabajo de «moderador» que evita muchas veces que los temas lleguen a los juzgados.
En España hay actualmente 15.300 administradores de fincas profesionales, que se encargan del 85 % de las comunidades de propietarios.
Muñoz Flores se ha mostrado además partidario, y así lo ha dicho durante el acto inaugural, de que el Gobierno «modifique suficientemente la normativa estatal para se acepte la dación en pago».
Ha señalado que «el prestamista», en alusión al banco que ha concedido la hipoteca, «ya tiene remuneración suficiente» con la entrega de la propiedad del inmueble.
De no ser así, ha resaltado, las personas que además de perder el piso deban hacer frente el pago del total de la hipoteca «son ciudadanos sin futuro durante su vida o parte de la de sus herederos».