El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha acordado suspender la contratación irregular que realizó el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético (IDAE), que tenía por objeto que dos consultoras estimaran las inversiones que realizaron las 55.000 familias productoras de energía solar fotovoltaica para, posteriormente, atribuirles una supuesta rentabilidad razonable que, en la práctica, puede arruinar a este colectivo. Entre estas familias se encuentran los inversores que apostaron, alentados por el propio Estado, por invertir en las plantas solares que impulsó la Cooperativa Eléctrica de Crevillent.
La Asociación Nacional de Productores de Fotovoltaica (Anpier) denunció públicamente la ilegalidad y la falta de transparencia de todo el proceso de reforma del sector y, en lo referente a esta contratación, solicitó al IDAE que pusiera a disposición de la entidad una copia del expediente de licitación en cuestión. En este sentido, según indicaron «ante la falta de respuesta, el presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, se personó en el IDAE en compañía de un notario para solicitar copia del expediente de licitación referido sin ningún resultado, por lo que Anpier solicitó al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que anulara el proceso de contratación».
Concretamente, el escrito de Anpier reflejaba que -en el presente procedimiento, parece meridiano cuál es el actuar de la Administración. Mantiene incógnito el contenido de una licitación que afecta de lleno a los intereses de nuestros asociados, con el ánimo de que el contenido del mismo no pueda ser impugnado por los interesados, y cuando se pueda, ya habrán emitido sus informes los adjudicatarios de la licitación puesta en cuestión. Produce una indefensión extraordinaria la indebida opacidad del organismo público, motivo por el cual se inicia este recurso».
Ante esta situación, el presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, advirtió que «no van a arruinar a nuestras familias ni van a hurtarnos el futuro y la dignidad sin que luchemos hasta la extenuación por todos los medios que tengamos a nuestro alcance, en todos los entornos e instancias posibles; porque no es justo ni democrático que unos pocos impongan una reforma traumática para nuestro colectivo, la sociedad y el medio ambiente-.
Desde la Asociación Nacional de Productores de Fotovoltaica aseguran que -esta situación es un capítulo más de la infausta reforma del sector eléctrico, que supone uno de los mayores escándalos de la historia de la democracia española, puesto que es el propio Estado, a través del Gobierno, el que atropella a sus ciudadanos: arruinando a los fotovoltaicos, esquilmando las economías familiares de todos los españoles y lastrando el futuro de las generaciones venideras, sobre la base de un modelo energético contaminante que sólo beneficia a cinco grandes empresas y que condenará a España a la dependencia energética de combustibles fósiles y del exterior que resultan dañinos para el medio ambiente y para la salud pública y que, además, provienen de países terceros, que se lucran de esta innecesaria dependencia energética-.
Por eso, y tras conseguir paralizar una contratación que forma parte de la reforma de la ley energética, Anpier solicita al Ministerio de Industria, Energía y Turismo que recapacite, rectifique los textos de reforma y reponga inmediatamente la seguridad jurídica en España.
-El Gobierno debe actuar sobre las verdaderas causas del déficit de tarifa que, según señala la propia Unión Europea y la Comisión Nacional de la Competencia, está motivado por las compensaciones excesivas que durante años vienen recibiendo las empresas eléctricas por la generación de energía nuclear e hidráulica-, aseveraron.
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Fuente: diarioinformación