Nada de edificar más casas, ahora toca rehabilitar.

Constructoras y sindicatos escenificarán hoy lunes en Madrid hasta qué punto están unidos en la defensa de su sector, convencidos de que sin él España no podrá salir de la crisis. Ante un auditorio repleto de los máximos dirigentes de las principales empresas, volverán a reclamar al Ejecutivo medidas de estímulo y un nuevo esfuerzo en materia de inversión capaz de generar actividad y empleo.

Es más que probable que la titular de Fomento les remita a las palabras pronunciadas por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante la presentación de los presupuestos: «es que no hay dinero». Sin embargo, en rehabilitación parece que, por fin, el Gobierno ha decidido hacer caso a las demandas de sindicatos y empresarios y prepara ya lo que aspira a ser un plan estratégico. Fuentes del Ejecutivo admiten que esta iniciativa responde en parte a las exigencias de una directiva europea que España debe acatar en 2014.

Según el artículo 4 de la Directiva 2012/27/UE, los Estados miembros deben desarrollar una estrategia a largo plazo para movilizar inversiones en la renovación exhaustiva y rentable de edificios residenciales y comerciales, con el fin de mejorar el rendimiento energético del parque inmobiliario y reducir su consumo de energía.

Hacia el diseño del ‘modelo español’

La directora general de Vivienda, Pilar Martínez, explica a CincoDías que se trata de buscar nuevos nichos de actividad. «Después de años en los que todas las políticas y las ayudas públicas iban enfocadas a la edificación de nuevas viviendas, el cambio de modelo pasa por rehabilitar y alquilar».

Por este motivo, Fomento ha convocado a las constructoras y a las eléctricas para formar sendos grupos de trabajo con el objetivo de que remitan propuestas concretas sobre cómo impulsar el lánguido sector de la rehabilitación. El proyecto está todavía en una fase muy embrionaria y apenas se han reunido un par de veces, pero el Ejecutivo ha impuesto un férreo calendario. Tienen de plazo hasta final de año para plantear las medidas que, en su opinión, deberían acometerse, porque el siguiente paso es clave para que este plan estratégico funcione: la financiación.

«Cuando tengamos ya diseñado el modelo, tenemos previsto constituir un tercer grupo de trabajo con la banca porque consideramos necesario consultar con las entidades la creación de productos específicos para rehabilitar», añade Martínez. El plan de actuación tiene que estar listo en febrero de 2014 y aunque se estudiarán las iniciativas que se desarrollan en otros países, el Ejecutivo quiere crear el modelo español.

Sea como fuere, Vivienda, empresas y sindicatos coinciden en que existe un amplio margen donde actuar. Los datos oficiales estiman que todas las comunidades autónomas tienen entre un 7% y un 9% de su parque inmobiliario en estado ruinoso, malo o deficiente. El 57% de las viviendas fueron construidas con anterioridad a 1980, lo que prueba el gran número de casas con anomalías susceptibles de ser rehabilitadas.

Otro de los argumentos que esgrimen las empresas es el de los beneficios que generaría sobre la economía un potente plan de subvenciones, desgravaciones fiscales e incentivos a la rehabilitación. La actuación en unas 250.000 casas por año, con una media de 15.000 euros por intervención, puede suponer unos 135.000 empleos directos. «Por no hablar de los retornos fiscales vía IVA, IRPF, tasas, o prestaciones por desempleo no consumidas, que pueden llegar al 60% de la inversión efectuada», defienden la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), UGT y CC OO.